La tecnología avanza, pero no siempre incluye.
Hoy muchas plataformas digitales utilizan reconocimiento facial como mecanismo de validación de identidad. Se presenta como una medida de seguridad, rápida y eficaz. Pero cuando esa herramienta no contempla la diversidad de usuarios, deja de ser una solución para convertirse en una barrera.
Eso es lo que sucede con aplicaciones de uso cotidiano como Mercado Libre y Mercado Pago.
Para muchas personas, estas plataformas son parte de la vida diaria: comprar, vender, transferir dinero, pagar servicios, gestionar cobros. Pero cuando el acceso depende de un sistema biométrico que exige posicionar el rostro, seguir indicaciones visuales o realizar movimientos específicos frente a una cámara, la autonomía de muchas personas queda condicionada.
Las personas ciegas, con baja visión o con otras discapacidades pueden encontrarse frente a obstáculos que no deberían existir.
Porque el problema no es solo tecnológico.
También es comunicacional.
Cuando una persona encuentra una barrera de accesibilidad y necesita asistencia, debería poder acceder a canales de atención claros, accesibles y efectivos. Sin embargo, muchas veces esos canales son automatizados, limitados o directamente inaccesibles para resolver situaciones complejas.
En mi caso, la imposibilidad de utilizar estas aplicaciones por las barreras que presenta el reconocimiento facial no fue un hecho aislado: también estuvo acompañada por la falta de medios adecuados para comunicarme con la empresa y encontrar una solución real.
Y ahí aparece una segunda exclusión.
No solo se dificulta el acceso al servicio, también se limita el derecho al reclamo.
Esto deja en evidencia una realidad incómoda: muchas veces la accesibilidad sigue pensándose como un agregado opcional y no como una condición básica del diseño.
Hablar de accesibilidad no significa oponerse a las medidas de seguridad ni al uso de nuevas tecnologías. Significa exigir que esas herramientas contemplen la diversidad humana desde su diseño.
Existen alternativas posibles.
Permitir que cada persona pueda elegir entre distintos métodos de validación, como el uso de huella dactilar, códigos de seguridad, autenticación en dos pasos o validación asistida, sería un avance concreto hacia una mayor autonomía.
También podrían incorporarse guías de voz claras y precisas que orienten durante el proceso de reconocimiento facial: indicar si el rostro está centrado, si la iluminación es suficiente o si es necesario acercarse o alejarse de la cámara.
Y seguramente existen otras soluciones técnicas que quienes diseñan estas herramientas conocen —o deberían conocer— para garantizar que la seguridad no excluya.
Porque la pregunta no es si se puede hacer.
La pregunta es si realmente existe voluntad de hacerlo.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en Argentina a través de la Ley 27.044, establece en su artículo 9 que los Estados deben garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la información, las comunicaciones y otros servicios abiertos al público, incluyendo las tecnologías y sistemas digitales.
Además, la Ley 26.653 establece estándares y principios de accesibilidad web que hoy funcionan como una referencia fundamental para pensar entornos digitales inclusivos.
A esto se suman la Ley 22.431, que promueve un sistema integral de protección de los derechos de las personas con discapacidad, y la Ley 23.592, que sanciona actos discriminatorios que limiten o restrinjan el ejercicio igualitario de derechos.
Cuando una plataforma masiva implementa mecanismos de seguridad sin alternativas accesibles y sin canales efectivos de asistencia, no solo genera exclusión: puede vulnerar el derecho a la igualdad, la autonomía y la no discriminación.
La seguridad es importante.
Pero nunca debería construirse a costa de la autonomía, la dignidad y la igualdad.
La falta de accesibilidad no siempre es un problema técnico.
Muchas veces es una decisión.

Por eso pido ayuda para difundir esta situación.
Necesitamos que esta problemática llegue a más personas, a organizaciones, a quienes trabajan por la accesibilidad, a los medios masivos de comunicación y, por qué no, también a quienes toman decisiones dentro de estas empresas.
Porque visibilizar también es transformar.
Y porque el acceso, la autonomía y la igualdad no pueden depender de que alguien escuche por casualidad.
Tienen que ser una prioridad.