Las personas con discapacidad seguimos teniendo que justificar decisiones que nadie cuestiona cuando las toma cualquier otra persona. Es hora de dejar de opinar sobre nuestras vidas y empezar a respetar nuestros derechos.

Como mujer, y más precisamente como mujer con discapacidad, hay algo que todavía me cuesta entender.
Formar una familia es una de las decisiones más personales que puede tomar cualquier persona. Sin embargo, cuando quien la toma tiene una discapacidad, pareciera que deja de ser un asunto privado y pasa a convertirse en una decisión que todos creen poder juzgar.
Me cuesta entender la facilidad con la que otras personas opinan sobre nuestras vidas y nuestras decisiones, como si les pertenecieran.
Pero hay algo que me cuesta entender aún más. Que muchas de esas opiniones vengan de otras mujeres. De mujeres que conocen lo que significa ser juzgadas. Que saben lo que es tener que defender sus decisiones, explicar sus elecciones y escuchar que alguien más cree saber qué es lo mejor para ellas.
Vivimos en una época en la que hablamos, cada vez más, del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sus proyectos y sus maternidades. Y celebro profundamente que así sea.
Pero pareciera que ese mismo derecho desaparece cuando quien toma la decisión es una mujer con discapacidad.
De pronto aparecen las opiniones.
Las advertencias.
Los diagnósticos que nadie pidió.
• "Qué irresponsabilidad."
• "¿Cómo va a criar un hijo?"
• "Va a traer un hijo al mundo para que sufra."
• "Ese chico va a terminar cuidando a sus padres."
• "¿Y si hereda la discapacidad?"
• "No va a poder sola."
Y, muchas veces, ni siquiera distinguen entre discapacidad y enfermedad. Todo se mezcla. Como si cualquier discapacidad fuera hereditaria. Como si todas las personas con discapacidad compartiéramos la misma realidad. Como si discapacidad y enfermedad fueran sinónimos.
Cada vez que escucho esos comentarios siento que, en realidad, no están hablando de maternidad.
Están hablando de cómo nos ven.
Cuando una mujer con discapacidad tiene que justificar el derecho a formar una familia, lo que realmente está siendo juzgado no es su decisión: es su capacidad para elegir su propio proyecto de vida.
Detrás de cada una de esas frases hay una idea que sigue profundamente instalada: que una mujer con discapacidad es considerada menos capaz de ser madre que cualquier otra mujer.
Y eso va mucho más allá de la maternidad.
Es cuestionar nuestra capacidad para decidir sobre nuestra propia vida.
No porque todas las mujeres con discapacidad tengamos el mismo proyecto de vida.
Ese no es el punto.
Hay mujeres que desean tener hijos y otras que no. Como ocurre con cualquier otra mujer.
El punto es otro.
Ninguna mujer debería tener que defender un derecho que las demás pueden ejercer sin dar explicaciones.
Hay algo que siempre me llama la atención.
A una mujer sin discapacidad nadie le exige demostrar que será una buena madre antes de quedar embarazada.
Nadie le pide garantías.
Nadie le pregunta si tendrá paciencia todos los días.
Si podrá sostener económicamente a un hijo durante toda su vida.
Si alguna vez se va a enfermar.
Si necesitará ayuda.
Si tiene la estabilidad emocional suficiente.
¿Por qué, entonces, sentimos que sí tenemos derecho a hacerle todas esas preguntas a una mujer con discapacidad?
La maternidad no viene con garantías.
La vida tampoco.
Ningún padre ni ninguna madre puede prometerle a un hijo una vida sin dificultades.
Los hijos pueden nacer con o sin discapacidad.
Pueden adquirir una discapacidad en cualquier momento de sus vidas.
Los propios padres pueden adquirir una discapacidad después de haber tenido hijos.
También pueden atravesar enfermedades, accidentes, pérdidas o dificultades inesperadas.
La incertidumbre forma parte de la vida de todas las familias.
No solamente de las nuestras.
Entonces, ¿por qué la discapacidad sigue siendo vista como una tragedia tan grande que, para algunas personas, alcanza para cuestionar el derecho de una mujer a formar una familia?
Hay otra frase que escuché demasiadas veces.
"Pobre ese hijo."
Y cada vez que la escucho pienso lo mismo.
No están hablando de ese niño.
Están hablando de la discapacidad.
Porque detrás de ese "pobre ese hijo" hay una idea todavía más cruel: creer que una mujer con discapacidad nunca podrá ofrecerle una buena vida a su familia.
También escucho, una y otra vez, que ese hijo va a terminar haciéndose cargo de sus padres.
Y vuelvo a preguntarme:
¿No es eso algo que puede ocurrir en cualquier familia?
¿Cuántos hijos de personas sin discapacidad acompañan, cuidan o sostienen a sus padres cuando envejecen, se enferman o necesitan ayuda?
¿Por qué ese cuidado, cuando existe discapacidad, deja de verse como una expresión natural del amor y pasa a convertirse en un argumento para negar el derecho a formar una familia?
Hay otro prejuicio que me resulta especialmente revelador.
La idea de que una mujer con discapacidad no puede maternar porque va a necesitar ayuda.
Y me pregunto:
¿Quién cría completamente solo?
Criar nunca fue una tarea individual.
En todas las familias existen redes de apoyo. A veces es una pareja. Otras veces son los abuelos, un familiar, una amistad, un vecino o un docente. Cambian las personas y cambian las circunstancias, pero la ayuda siempre está presente.
La diferencia es que, cuando una mujer sin discapacidad recibe apoyo, nadie cuestiona su capacidad para ser madre.
Cuando ese mismo apoyo lo necesita una mujer con discapacidad, deja de verse como una red de contención y pasa a convertirse, para muchos, en una prueba de incapacidad.
Y ahí aparece el verdadero problema.
No en la discapacidad.
En los prejuicios.
Todavía hay quienes creen que la discapacidad nos vuelve eternamente dependientes.
Que necesitamos que otros decidan por nosotros.
Que alguien tiene que evaluar si somos capaces de amar, de cuidar, de educar, de poner límites o de criar.
Sin embargo, la realidad demuestra otra cosa.
Las mujeres con discapacidad estudiamos. Trabajamos. Nos enamoramos. Construimos proyectos. Tomamos decisiones y vivimos nuestras vidas, como cualquier otra mujer.
Y, como cualquier otra mujer, algunas decidimos formar una familia y otras no.
La discapacidad nunca debería definir el proyecto de vida que elegimos.
Mucho menos nuestros derechos.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce expresamente, en su artículo 23, el derecho de las personas con discapacidad a casarse, formar una familia y decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos que desean tener y el tiempo entre un nacimiento y otro.
En Argentina, este tratado tiene jerarquía constitucional.
No se trata de un favor.
No se trata de una concesión.
Se trata de un derecho humano.
Pero ninguna ley alcanza cuando los prejuicios siguen ocupando el lugar de los derechos.

No escribo estas palabras para convencer a nadie de que todas las personas con discapacidad deban ser madres o padres.
Escribo porque me gustaría que dejáramos de creer que tenemos derecho a decidir quién puede formar una familia y quién no.
Y, sobre todo, porque sigo sin entender que muchos de esos juicios provengan de otras mujeres.
No espero que todas piensen igual que yo.
No espero que todas deseen ser madres.
Lo que sí espero es empatía.
Porque si hay alguien que sabe lo que significa que otros opinen sobre su cuerpo, sobre sus decisiones y sobre su proyecto de vida, deberían ser precisamente otras mujeres.
Y, sin embargo, muchas veces son ellas quienes primero ponen en duda nuestra capacidad para formar una familia.
La discapacidad no debería cambiar la forma en que respetamos las decisiones de las demás mujeres.
Porque tener una discapacidad nunca debería significar menos respeto por nuestros derechos.
Y nuestro derecho a formar una familia no está en debate.

Fuentes legales
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 23 ("Respeto del hogar y de la familia").
• Ley N.º 26.378.
• Ley N.º 27.044.